Un chaleco antibalas vencido y promesas sin sentido

El gobierno colombiano creó la Unidad Nacional de Protección (UNP) en 2011 para proveer medidas de protección para “personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo”.

Personas calificadas bajo “riesgo extraordinario” que fueron entrevistadas  muestran que la estrategia de la UNP en Curvaradó y Jiguamiandó está fracasando.

 “Con ese chaleco más rápido me matan porque me apuntan a la cabeza”
-Entrevista con líder anónimo el 15 de noviembre de 2012

En marzo de 2012, la UNP le otorgó a un líder el esquema de protección más típica para individuos considerados de “riesgo extraordinario”: un celular, un auxilio de transporte, y un chaleco antibalas. Él, como las otras seis personas entrevistadas que recibieron chalecos antibalas, nunca recibió entrenamiento de cómo usar  y mantener el chaleco antibalas de la UNP[1]. La única diferencia entre su chaleco y los demás fue que se venció en noviembre de 2010 (ver fotos). Es preocupante que la UNP está redistribuyendo chalecos antibalas originalmente conseguidos por el DAS en 2008[2]. Este mismo individuo también afirmó que la UNP no había transferido su auxilio de transporte desde agosto.

En otra ocasión, en octubre de 2012, cinco miembros de otra comunidad de Curvaradó rechazaron los chalecos antibalas ofrecidos por la UNP porque sienten que no es una forma adecuada ni apropiada de protegerlos. Sin embargo, el insistente funcionario de la UNP encontró a otro miembro de la comunidad quién no estuvo presente en la reunión y  le encargó  entregar los chalecos antibalas. Entrevistas con otros miembros de la misma comunidad también revelaron que la UNP se tardó en transferir los auxilios de transporte y crédito para sus celulares. Mientras tanto ellos siguen recibiendo amenazas de muerte pero temen denunciarlas ante autoridades locales por sus posibles enlaces con grupos paramilitares.

Estos hechos llevan a varias preguntas preocupantes.

¿La UNP está reciclando materiales que inicialmente fueron conseguidas por el DAS, una agencia corrupta del gobierno que hizo seguimientos a los mismos lideres que la UNP debe proteger? ¿La UNP considera que un celular, un chaleco y un auxilio de transporte realmente garantizan la vida e integridad física de los líderes amenazados? ¿Porqué hay retrasos en transferir los auxilios de transporte para líderes considerados bajo “riesgo extraordinario” por la UNP? ¿Si esto es la situación en Curvaradó y Jiguamiandó, qué tipo de protección está proveyendo la UNP para comunidades, organizaciones y líderes con mucho menos visibilización?

Desconfianza en las instituciones del gobierno exacerban las preocupaciones de las comunidades

En noviembre de 2011, líderes de Curvaradó y Jiguamiandó se reunieron con el ex-Ministro de Interior Vargas Lleras y algunos representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública. Los líderes hablaron francamente de las amenazas en contra de ellos. Una vez que regresaron a la región, uno de los lideres fue informado que los paramilitares habían obtenido una grabación de sus intervenciones en la reunión y que querían reunirse con él. Él negó la invitación. Un año después, él sigue recibiendo amenazas y no se siente seguro viviendo en su propia comunidad ni viajando afuera de ella.

Chalecos antibalas, auxilios de transporte y crédito para celulares no sirven como un esquema de protección efectiva cuando tres de los lideres asesinados en Curvaradó desde el 2008 fueron bajados del transporte público y asesinados. Las comunidades han desarrollado propuestas para medidas de protección colectivas que ellos piensan que podrían proveer más protección. Incluyen la construcción de torres de celulares para que haya servicio en comunidades donde no hay cobertura para teléfonos entregados por la UNP y medios colectivos de transporte como camiones, carros y botes porque su experiencia ha demostrado que viajar juntos provee más seguridad para el grupo como tal. La UNP está de acuerdo con hablar de estos temas, pero no ha avanzado en las discusiones. Sin embargo, la exigencia fundamental de las comunidades que ha sido destacado por la Corte Constitucional Colombiana es que el gobierno tiene que sacar de los territorios colectivos a  las compañías, empresarios e individuos que han adquirido tierra de mala fe.

La violencia en Curvaradó y Jiguamiandó no es solamente una parte de la historia. El vil asesinato de Manuel Ruiz y su hijo Samir en marzo de 2012 es un recuerdo espantoso del presente. Paramilitares y sus benefactores usan la violencia y la intimidación para destruir  los esfuerzos de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó. Su esperanza es que una vez eliminen el espacio para procesos organizativos logren crear un ambiente “seguro” para las inversiones de proyectos de desarrollo agran escala. Si el gobierno quiere demostrar su compromiso de proteger estas comunidades, debe escuchar  las exigencias de las comunidades y respetar las órdenes de su propia Corte Constitucional.



[1] La prenda destaca que “este panel no debe ser lavado con ningún líquido y debe mantenerse alejado de la humedad”—el territorio del Curvaradó se encuentra en un clima tropical muy húmeda.

[2] El DAS fue eliminado en octubre de 2011 y reemplazado por la DNI después de un escándalo que reveló que la agencia de inteligencia tenía relaciones con grupos paramilitares y estaba llevando a cabo seguimientos ilegales de la oposición política, organizaciones de derechos humanos y periodistas.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.