Los militares y un empresario se ponen de acuerdo en construir una base en tierra robada

El ejército colombiano está construyendo una base en Llano Rico, una de las 23 comunidades de Curvaradó. El gobierno debe consultar a los miembros de las comunidades antes para tomar en cuenta los impactos de la construcción sobre el territorio colectivo[1]. En vez de consultar con los propietarios legítimos del territorio—las 23 comunidades negras de Curvaradó—los militares consultaron a Darío Montoya, un empresario que ilegalmente ocupa el territorio colectivo. El Sr. Montoya le dio la bienvenida a la construcción de la base militar en un terreno perteneciente a la comunidad negra.

Las denuncias de la comunidad ante instituciones del gobierno no se escucharon y la construcción continúa. Los miembros de la comunidad no están necesariamente opuestos a la presencia de la Fuerza Militar, pero quieren que la Fuerza Militar respete  la Constitución Colombiana. Las comunidades se preguntan: ¿Por qué un batallón cuando se habla de paz? ¿Qué protección es un batallón cuando siguen los vínculos con los paramilitares? Preocupaciones acerca del relacionamiento de la Fuerza Militar y paramilitares siguen vigentes. La comunidad exige una protección perimetral para su seguridad,  sin la necesidad de construir una base que aumentará los impactos del conflicto armado en sus territorios. Una consulta previa, libre e informada es la manera justa de discutir estas preocupaciones, pero nunca se llevó a cabo.

La historia es una indicadora clara que ni el gobierno ni los intereses empresariales están interesados en consultar a las comunidades. El gobierno se siente más cómodo negociando con las elites políticas y económicas que están más dispuestos a sus planes para el “progreso” y el “desarrollo” (por eso el acuerdo llamativo con el Sr. Montoya).



[1] Convención 169 de la OIT, Ley 70 de 1993, etc. etc.

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