El asesinato de Demetrio López: crónica de otra muerte anunciada

Este articulo originalmente apareció en La Silla Vacía

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“Temo por mi vida porque las amenazas fueron bastantes serias y según lo que me dijo [alguien de confianza] parece que no eran de juego las amenazas”. Así denunció Demetrio López Cárdenas ante la Fiscalía las amenazas contra su vida en agosto de 2012.

López era el presidente de la Junta del Consejo Comunitario de La Caucana, en el Valle. La fiscal designada del caso solicitó inmediatamente al Comandante de Policía de Buenaventura un estudio de seguridad y brindarle a López y a su familia medidas de protección. Pero ni el estudio de riesgo ni las medidas se implementaron. Seis meses después, el pasado 23 de febrero, Demetrio López fue asesinado a balazos en Buenaventura.

Demetrio López y otros líderes con el Viceministro del Interior Aníbal Fernández de Soto

Después del asesinato, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, dijo a través de Twitter que López no había pedido protección ni denunciado amenazas, lo cual no es cierto como consta en el documento de su denuncia y en la posterior solicitud de la fiscal; desde agosto López denunció las amenazas y la fiscal de oficio pidió a la policia protección para él y su familia.

Demetrio López, nacido y criado en Buenaventura, tenía 33 años y compartía con su esposa y tres hijos. Su familia lo describe como un hombre noble y comprometido con promover y defender los derechos de su comunidad. Desde pequeño le inculcaron el sentido de la responsabilidad y la honestidad, por ello era muy querido  en la comunidad de La Caucana. Su familia es una de las fundadoras del Consejo Comunitario. Además de su papel como líder de la comunidad, Demetrio hizo parte del equipo de seguimiento al Proyecto del Puerto de Agua Dulces. Este asesinato tiene afectadas a todas las familias que integran el Consejo Comunitario y al movimiento negro de Buenaventura.

López se lanzó como candidato para ser representante legal del Consejo Comunitario La Caucana en agosto del año pasado. Este Consejo Comunitario está integrado por 55 familias que poseen un titulo colectivo de 747 hectáreas. A pesar de su tamaño modesto, el Consejo Comunitario La Caucana se encuentra en un espacio estratégico: la doble calzada Buga-Buenaventura pasa por el territorio de más de cinco Consejos Comunitarios, entre ellos La Caucana. Este proyecto de infraestructura de gran importancia para el gobierno y el país es sujeto a un proceso de consulta previa, libre e informada con todos los Consejos Comunitarios a lo largo de la vía. Mientras tanto, la construcción avanza y como manifestó un líder ante el Viceministro del Interior el 11 de marzo pasado: “¿Para qué consulta previa cuando la carretera ya está terminada?”.

A principios de febrero, el gobierno se ha pronunciado acerca de la consulta previa diciendo que “las consultas previas son un proceso para reconocer la identidad de las minorías étnicas, pero no pueden convertirse en un chantaje”. Sin embargo, los más chantajeados parecen ser las comunidades y lideres que defienden su derecho a la autonomía y autodeterminación, y al no aceptar el chantaje se encuentran con amenazas y con la muerte.

El caso del asesinato de Demetrio López es uno de muchos. Miller Angulo, un líder de Afrodes en Tumaco, recibió una amenaza de las Águilas Negras un mes antes de ser asesinado en diciembre de 2012. Miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de La Esperanza, que también queda sobre la doble calzada Buga-Buenaventura, actualmente se encuentran desplazados a causa de amenazas en su contra. El Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga está recibiendo amenazas de nuevo después de que el gobierno reconoció más de 30.000 hectáreas adicionales del título colectivo del Consejo en diciembre pasado, y que el Representante Legal de este Consejo Comunitario, Hoover Carabali, instauró una acción de tutela reconocida por la Corte Constitucional a través de la Sentencia 823 de 2012. Mientras que el gobierno se aleja de su responsabilidad de proteger sus propios ciudadanos adelanta los proyectos que violan sus derechos.

Demetrio López fue amenazado dos veces en el día de las elecciones del Consejo Comunitario La Caucana. En su denuncia ante la Fiscalía, López dijo que que la amenaza consistía de que “si no renunciaba a la presidencia o al cargo que estaba aspirando iban a llenarme a plomo a mí y a mi familia”. Sin embargo, se presentó como candidato e insistía en la necesidad de que la votación sería privada para “garantizar que las personas votaran a conciencia y sin presión”. Pero las presiones para manipular la elección eran muy fuertes y a pesar de que López pareció ganar la elección no fue reconocido. Según su denuncia oficial, después de la segunda amenaza personas de la comunidad le recomendaron “venir a la Fiscalía para dejar por escrito la amenaza para que investigaran de donde venia la amenaza y quien podía haber incidido en ella”.

López impugnó las elecciones el 3 de septiembre de 2012. El Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Aníbal Fernández, firmó una resolución el 7 de febrero de 2013, que no sólo reconoció que López había sido amenazado, sino que declaró nula la elección de agosto. De oficio, igual a como lo hizo la fiscal que recibió la denuncia de Demetrio López el 26 de agosto, todos los funcionarios que conocieron el expediente debieron haber solicitado su protección. Dos semanas después de ese fallo López fue abaleado en Buenaventura.

Dos sospechosos del asesinato de Demetrio han sido detenidos en las últimas semanas. Es indispensable que el gobierno asegure su protección y garantice la investigación para enjuiciar a los autores intelectuales del caso.  Como también en su responsabilidad proteger efectivamente a todos los líderes y las comunidades amenazadas como las de La Caucana, La Esperanza y Bahía Málaga para que historias como esta no se repitan.

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