Diario de un desplazamiento

Argemiro Hernández hizo parte de las 30,000 víctimas que vieron al Presidente Santos promocionar la Ley de Victimas y Restitución de Tierras en Necoclí el 11 de febrero de 2012. El Presidente Santos les dijo que “necesitamos la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Que ustedes se apersonen de este proceso, que salgan a reclamar sus derechos, que no se dejen amedrentar, que si alguien los amenaza, denúncienlos; que si alguien les dice que esto no va a funcionar, díganle mentiroso, porque esto va a funcionar, porque lo vamos a hacer funcionar.”

Aproximadamente nueve meses después, el Sr. Hernández fue desplazado por la tercera vez en quince años.

Foto por el Sistema Informativo del Gobierno (http://wsp.presidencia.gov.co/Fotos/2012/Febrero/Paginas/20120211.aspx)

El Sr. Hernández llegó al Urabá con su familia en 1974. Ellos hicieron parte de una migración de miles de campesinos que huyeron de la costa caribeña colombiana a causa de la toma de tierras por parte de ganaderos ricos. Los habitantes de la zona recuerdan la vida en Urabá a mediados de los años 1990 como un tiempo de tranquilidad relativa. El Sr. Hernández logró comprar 61 hectáreas de tierra. Él cultivaba su pan coger y vendió los excedentes en mercados locales.

En 1993, su hermano fue asesinado por la guerrilla en un acto que parecía ser violencia indiscriminada. Grupos armados estaban combatiendo por control de este territorio fértil que sirve como un corredor estratégico para transitar drogas y armas. Las infames AUC estaban afilando sus tácticas de terror en comunidades campesinas en alianza con elites económicas y políticas. El poder fue definido por la habilidad para emplear la violencia.

Ya en 1997, los paramilitares ejercían un control casi completa de la región. El asesinato salvaje de Zoraida, la vecina del Sr. Hernández, llevó al desplazamiento completo de la comunidad. 25 familias salieron—ni una persona se arriesgo quedarse.

Las víctimas del desplazamiento fueron perseguidas por comisionistas, testaferros de las personas responsables del despejo. El Sr. Hernández se vio obligado vender su tierra por un precio sumamente bajo, menos de 100,000 pesos por hectárea. El hombre a quien le vendió la tierra no tenía que mostrar su arma ni explicar a quien representaba.

La primera vez que algunos miembros de la comunidad regresaron casi no podían reconocer el territorio donde antes vivían. Las pocas estructuras que permanecieron estaban siendo usadas como corrales para el ganado que, una vez más, los reemplazo. Juan Guillermo González Moreno, el nuevo dueño de esta “gran” hacienda, no pensaba devolverles ésta tierra.

El Sr. Hernández y otros miembros de la comunidad intentaron retornar a su casa en 2009. Querían reclamar la tierra que les quitaron. Fue imposible adaptarse a la ciudad como un campesino desplazado que nunca recibió una educación formal. Dentro de una semana, los trabajadores del Sr. González destruyeron sus viviendas de plástico y los despojaron de nuevo.

Inspirado por el Presidente Santos y su Ley de Victimas, el Sr. Hernández fue la recién fundada Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Apartadó con un grupo de seis víctimas más del desplazamiento en abril de 2012. Su viaje de cuatro horas a la oficina en Apartado no valió la pena. A la mitad del grupo le fue otorgado una “Constancia de la solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas” (ver foto). El equipo de la oficina les conto a los otros que no les podía atender y que tendrían regresar en otra fecha—la sala de espera estaba vacío.

Algunas de las victimas llamaron a la URT un mes después para ver si había algún avance en sus casos. Sus preguntas fueron desestimadas y les pedían esperar. Frustrados por las ineficiencias de la URT, el Sr. Hernández y otros miembros más de la comunidad, una vez más, intentaron reconstruir sus vidas en Bijao. El 29 de octubre de 2012, el grupo de nueve campesinos ocuparon la única casa que quedaba, en un pedacito de la tierra que antes pertenecía al Sr. Hernández.

El 30 de octubre, trece de los trabajadores del Sr. González destruyeron la casa en menos de treinta minutos (ver video abajo). La comunidad se niega ser desplazada de nuevo. Reconstruyeron sus cambuches de plástico y regresaron al territorio. El 3 de noviembre, veinte hombres con palos y machetes llegaron para “tumbar los cambuches” y “sacarlos por ser invasores”. Esto se dio de una manera violenta golpeando a las personas de la comunidad que estaban presentes. Sin embargo, el Sr. Hernández y los otros miembros de la comunidad no van a salir. El Sr. Hernández no quiere que su historia sea anónimo porqué no aguanta otro desplazamiento.

La URT por fin les devolvió la llamada, después que el desalojo violento recibió atención en los medios de comunicación por incidencia de La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. El equipo en Apartadó de la URT les dijo que deben enviar un derecho de petición a Bogotá y echaron la culpa a la oficina nacional por el retraso.

Mientras tanto la fe in la institución va disminuyendo. Según una de las mujeres que fue desplazada en el 30 de octubre, “Nosotros hasta hoy creímos que las promesas del gobierno eran una realidad, hoy vemos que nada es verdad”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.